La investigación en España no termina de despegar. Una de las variables apunta directamente al poco interés que muestra el sector empresarial en absorber investigadores e invertir en conocimiento e innovación. Son las conclusiones que se desprenden del informe Investigación e innovación en España y Portugal que ha publicado la Fundación LaCaixa este viernes y que señalan que los vínculos entre ciencia y empresa son cada vez más débiles. La inversión empresarial en I+D en España es de un 0,7% del producto interior bruto (PIB), la mitad de la media de los Veintisiete, que se estima en un 1,67%. Un dato que, aun así, es muy inferior al de los principales competidores de Europa, como Estados Unidos (2,05%) y Japón (2,60%).

La mayoría del desarrollo investigador en España está financiado públicamente, desgrana el informe. Una tendencia que contrasta con la dinámica europea, en donde la empresa está mucho más implicada, ya sea acogiendo investigadores en las plantillas, potenciando las publicaciones conjuntas o financiando proyectos en las universidades. “El esfuerzo innovador de las empresas y la colaboración con la academia es escasa, por eso los beneficios económicos y sociales son limitados y es una oportunidad perdida”, lamenta Luis Sanz, del Instituto de Políticas Públicas del CSIC, uno de los investigadores a cargo del informe.

La paradoja es que España sí que produce talento. Los resultados de la formación superior (graduados y doctorados) han mejorado de forma significativa en los últimos años. En cuando a patentes, el crecimiento a lo largo del periodo 2010-2020 fue de un 23% en España, superior a la media europea, situada en el 6%. “Estas solicitudes a la Oficina Europea de Patentes se traducen en unas invenciones con aplicaciones industriales novedosas y altura inventiva. El hecho de solicitarlas indica expectativas de calidad mayor”, explica Catalina Martínez, del Instituto de Políticas y Bienes Públicos del CSIC. La investigadora apostilla que este hecho es posible gracias a las instituciones académicas, uniendo a universidades y otros organismos públicos de investigación, que son quienes lideran la carrera, al contrario que en otros países en donde estas patentes las genera el sector privado, que tiene mucho más peso, como ocurre en Alemania.

Las patentes sirven para medir la ventaja competitiva de las empresas. Por tanto, se corre el riesgo de que estos desequilibrios entre la oferta y la demanda se traduzcan en una fuga de cerebros, sin otra opción para los investigadores que emigrar. España debe afrontar, destaca el informe, el reto de la limitada empleabilidad de los doctorados en el sector privado: menos del 6 % de los mismos trabaja en empresas privadas. La reciente reforma de Ley de la Ciencia, Tecnología e Innovación fija como objetivo alcanzar una inversión pública del 1,25% y solventar los fallos del sistema.

“España tiene pocos investigadores en relación a su peso económico y población ocupada. Pero en todos los diagnósticos el foco es el sector empresarial, que gasta muy poco en I+D, menos de la mitad que las empresas francesas, y un tercio que las alemanas y austriacas. De cada 10 investigadores solo 4 están en empresas”, explica Laura Sanz del CSIC. El estudio recuerda que esta inversión es “una convergencia muy beneficiosa”, porque el conocimiento en más entornos impulsará la innovación, las start ups, las spin off —una empresa que se crea en el seno de otra ya existente— y el bienestar social. Aunque la pandemia ha puesto de manifiesto que la competitivad para encontrar una vacuna no hubiera sido posible si las compañías y los países no hubieran almacenado un conocimiento previo.

Es en lo que pone el acento Andrew W. Wyckoff, el director de Ciencia, Tecnología e Innovación de la OCDE: “La investigación no se puede encender y apagar como si nada; se precisa una inversión a largo plazo”. Coincide en ello Laura Sanz: “Tener investigadores ocupados exige que haya una cantera amplia, no salen del vacío. Hace falta una visión de en qué ámbitos se necesitan y prepararlos durante años”. Los caminos ya trazados de la lucha contra cambio climático y la digitalización son algunos puntos en los que pueden apoyarse los modelos de negocio.

La precariedad es otro de los factores a tener en cuenta. España se está quedando rezagada respecto a sus socios europeos, ya que la mayoría de los investigadores aún trabajan en el sector público, caracterizado por unas condiciones laborales más estables. Sin embargo, muchos profesionales encadenan becas y contratos temporales, y las oportunidades fuera de este ámbito pueden brindar mejores perspectivas, según el informe, que no solo arroja sombras. España es uno de los países que más igualdad encuentra en la investigación, solo superado por Dinamarca y Portugal. La paridad prácticamente se alcanza en lo gubernamental, puntualiza Luis Sanz. En la universidad, las mujeres representan el 40% y la diferencia más notable se da en las empresas, con un 30%.

Las soluciones pasan por las carreras híbridas, en las que los investigadores que empiezan en el sector público se trasladen a lo privado, con herramientas como las excedencias. España ha creado el programa Torres Quevedo, que ofrece incentivos para la contratación de doctorados en el sector privado. Además, se pondrá en marcha una iniciativa que proporcionará contratos indefinidos a los trabajadores del sector público que hayan ocupado una plaza durante cierto tiempo. El estudio concluye que en los próximos años la colaboración entre ciencia y empresa, y las asociaciones público-privadas será crucial para hacer frente a los fondos Next Generation y recortar así distancias con el entorno comunitario.